La Diócesis de Madrid y sus Fundaciones

La Diócesis de Madrid y sus Fundaciones

Un relato y unas reflexiones del Foro “Curas de Madrid y Más”

Madrid: 22 de diciembre de 2020

Los miembros de la Comisión Permanente del Foro “Curas de Madrid y Más” hemos seguido con atención las noticias que vienen apareciendo desde finales de 2019, como artículos de investigación, en diferentes medios informativos escritos o digitales sobre la venta de inmuebles de Fundaciones propias del Arzobispado de Madrid o en cuyos patronatos está presente con voz y voto.

En las últimas semanas este tipo de noticias ha vuelto a saltar a los medios de comunicación con fuerza y denunciando que en esas operaciones hay aspectos preocupantes desde el punto de vista administrativo, jurídico y moral. Son noticias documentadas y preocupantes, como atestigua el hecho mismo del que tuvimos conocimiento a través de Infomadrid, la página web oficial de la Archidiócesis de Madrid, el sábado 19 de diciembre. Don Carlos Osoro, acompañado de uno de sus obispos auxiliares, Don José Cobo, y del responsable vaticano del equipo investigador, Javier Belda, había tenido el día anterior un encuentro con el papa Francisco para darle cuenta de cómo está la cuestión.

¿Cuándo y por qué comenzó todo este asunto? ¿Qué ha pasado para que pueda decirse, sin que el propio arzobispado lo desmienta, que hay algo oscuro detrás de los hechos que se han ido produciendo? A nosotros como a muchos miles de personas nos parecía importante conocer las respuestas y analizarlas. Damos cuenta aquí del resultado de nuestra búsqueda y reflexión.

Aunque en los artículos periodísticos a los que nos hemos referido no se presta mucha atención a este asunto, nos parece importante señalar que en el origen de toda esta compleja historia hay una  decisión, asentada en un firme convencimiento, que tomó don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, muy poco después de iniciar su misión pastoral en nuestra diócesis. Tan sólo habían pasado un año y cuatro meses desde que en octubre de 2014 tomó posesión de su cargo, cuando en marzo de 2016 nombró a Don Julio Lage Interventor de las cuentas de la Iglesia Diocesana, figura que se introducía en el organigrama de la Curia por primera vez, y a Don David López Royo Delegado plenipotenciario de la recién creada Delegación Episcopal de Fundaciones. Tenía el firme convencimiento de que en asuntos económicos y financieros en la Diócesis en general y en las Fundaciones en particular había poca trasparencia, mala gestión y escasa coordinación. Los dos seglares recién nombrados debían conseguir un cambio en tal estado de cosas. Y ambos se pusieron a ello sin dilación y con entusiasmo. Primero, aclarar la situación. Segundo, ver de qué modo y con qué personas lograr una gestión profesionalizada y “eficaz” de los bienes materiales y de los diversos recursos económicos de la diócesis y de las fundaciones. Y tercero, coordinar, bajo su dirección y mando, a todas las personas e instituciones implicadas. 

La tarea de Don Julio Lage era de mayor complejidad y proporciones que la de Don David López Royo. Pero la de éste también tenía su importancia y despertó intereses que acabaron convirtiéndola en centro de las miradas y el escrutinio de los medios de comunicación.

Según los datos que aporta  el periodista Ricardo Benjumea en un artículo que el 26 de marzo de 2017 apareció publicado en el Semanario Católico de Información “Alfa y Omega”, que se edita en Madrid, en la diócesis hay “64 Fundaciones, aunque con diferentes tipologías jurídicas: 34 son fundaciones canónicas, 20 civiles y una decena de ellas pertenece al protectorado canónico del Arzobispado de Madrid”. En ellas - decía entonces – “hay 1.200 trabajadores, sin contar el personal voluntario”. Y “los beneficiarios rondan las 100.000 personas, concentradas en el ámbito educativo, social y sanitario”. Don David López Royo tenía como  misión ver cómo andaba ese mundo, para hacerlo trasparente y lograr que la gestión de su valioso patrimonio y de sus, en ocasiones, abundantes recursos económicos, propios o provenientes de diversas administraciones públicas,  fuera eficaz, y se realizara de forma coordinada, bajo su dirección. Todo ello con el objetivo de que cada Fundación por su cuenta y todas como conjunto se convirtieran en “64 escaparates para la diócesis de Madrid”, como dice el título que Ricardo Benjumea puso a su artículo. Escaparates en los que ver cómo una gestión “profesionalizada” de esas propiedades y recursos se convertía en manantial de innumerables bienes para los más desfavorecidos de la sociedad, a los que sus fundadores quisieron ayudar de forma permanente cuando ya ellos hubieran muerto.

Al año de ser nombrado estaba muy satisfecho de los frutos que iba dando el desarrollo de su tarea, tendente a lograr que las fundaciones sean, según sus propias palabras que recoge el artículo que venimos citando, “un ejemplo de gestión en el marco de una economía social de mercado”, “un modelo de eficiencia que tenga en el centro de las organizaciones sociales, a la persona, en el contexto de una economía al servicio del bien común”. De su satisfacción y de toda esta ideología que al Señor Cardenal y a él les mueven dan testimonio sus respuestas en la entrevista que le hizo Archimadrid.org, publicada el jueves 23 de marzo de 2017. Aparecen puestas bajo el título David López Royo: «Las fundaciones diocesanas deben ser un modelo de gestión eficiente». 

Durante los doce meses transcurridos había celebrado ya dos reuniones conjuntas con representantes de las Fundaciones, aparte de encuentros personales con los patronos de las mismas. La primera para explicarles los planes y las directrices del obispo, la segunda para ver cómo se iban ejecutando. Y dice que la Delegación ya está colaborando con doce de ellas, que aceptan su asesoría. Esto le lleva a mostrarse optimista respecto a que poco a poco las que faltan también aceptarán recibirla. Y, más aún, espera que la demanden y reciban, así mismo, otras Fundaciones de la Iglesia no dependientes de la diócesis. Como, por ejemplo, las vinculadas a las Congregaciones religiosas.

Estando así las cosas, a principios de 2018 la historia da un giro y toma un rumbo inesperado. Entra en acción el bufete Chávarri Abogados, que en su página web se presenta de este modo:

Es un despacho de referencia para las Instituciones Religiosas, no sólo por la atención profesional y técnica, sino también por su identidad y valores. Tenemos la voluntad de servir con transparencia, coherencia y dedicación, entendiendo que nuestra relación con las Instituciones Religiosas tiene que estar basada en su carisma y en el conocimiento profundo de su estructura organizativa y de su propia dinámica de trabajo. (Chávarri Abogados - http://chabogados.es/ )

Hasta entonces para recibir este tipo de “servicios” Don Carlos Osoro tenía puesta mucha confianza en el Grupo Norte, que dice de sí mismo que es “Un gran grupo empresarial comprometido con la responsabilidad social” y que “ha recibido más de una decena de importantes reconocimientos de ámbito nacional e internacional por la aplicación de políticas sociales que benefician especialmente a los colectivos más desfavorecidos” (Grupo Norte - http://grupo-norte.es/informacion-corporativa/presentacion ). 

Los directivos de Chávarri Abogados deciden crear La Fundación Chávarri por el Bien Común, “para realizar la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo” (http://fundacionchavarri.es/quienes-somos/ ). Su vocación es “interactuar de manera positiva en la sociedad a través de las diversas iniciativas sociales que desarrolla”. Y llaman a formar parte de su patronato, y ellos aceptan, a David López Royo, como vicepresidente, y a Julio Lage, como vocal. Los dos elegidos por Don Carlos Osoro para llevar transparencia, eficacia y acción coordinada al ámbito de los bienes y la economía diocesana y de sus Fundaciones, son contratados para que formen parte de la recién creada Fundación, que tiene por misión difundir esa ideología que llaman Responsabilidad Social Corporativa y para, sobre todo, buscar a instituciones religiosas, principalmente católicas, que quieran beneficiarse de sus frutos, aceptando los servicios que, mediante el pago y las comisiones correspondientes, está desando prestarles Chávarri Abogados.

Creado este nuevo escenario, David López Royo, trabajador del Obispado, sigue ejerciendo como Delegado de la Delegación de Fundaciones. Y por caminos complejos y tortuosos logra que tres de ellas acepten gestionar sus propiedades de forma “profesional”, para que les reviertan más cuantiosos beneficios, siempre, claro, destinados a favorecen a las personas necesitadas a las que atienden: La Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio. Es propietaria de dos colegios, que llevan esos mismos nombres, Colegio Fundación Santamarca, uno, y Colegio San Ramón y San Antonio, el otro. Posee, también, 14 bloques de viviendas en la calle Barquillo, 22. La Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, Residencia de Mayores. Es propietaria de un templo con sus dependencias, en las que desde hace años funciona la parroquia de San Jorge. Posee, asimismo, una residencia de ancianos anexa, con 165 plazas de residentes, y un pabellón para un grupo de religiosas ancianas, todo ubicado en la calle Condes del Val, 11. Y la Fundación benéfico-docente “Orfanato de Jesús y Candelaria - Fundación Molina Padilla”, actualmente conocida simplemente como Fundación Molina Padilla, poseedora de dos edificios ubicados en los números 93 y 95 de la calle Núñez de Balboa.

La Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio, a través de Chávarri Abogados, vendió a bajo precio sus viviendas, con los inquilinos dentro, a catorce empresas distintas, que resultaron ser empresas interpuestas, que inmediatamente las revendieron a un precio mucho mayor al verdadero comprador, un fondo buitre. Y acordó la compra de un solar a un precio muy por encima del que marca el mercado. Ambas operaciones están denunciadas y en espera de que la Justicia se pronuncie sobre su legalidad. Esta circunstancia ha movido al Obispado a tratar de revertir la operación.

La Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, Residencia de Mayores, también a través de Chávarri Abogados, vendió su templo y su residencia a la Universidad Antonio de Nebrija, que le dio de plazo hasta noviembre de 2021 para cerrar la parroquia y trasladar a los ancianos que lo aceptasen a una nueva residencia, que el obispado proyectaba construir dentro un complejo, que llamarían “Ciudad de la Misericordia”, con varios servicios sociosanitarios. Sin que se sepa cuál sería el destino de las monjas. El obispado ha acordado con la Universidad anular esta operación. Pero, a raíz de estas negociaciones, el Bufete Chávarri Abogados y la Universidad Antonio de Nebrija han entablado lazos de colaboración y, bajo el amparo de ésta, Chávarri Abogados ha creado la Cátedra por el Bien Común.

Finalmente la Fundación Molina Padilla, igualmente a través de Chávarri Abogados, había realizado ya todas las gestiones necesarias y había llegado a los acuerdos oportunos para vender, también, sus dos edificios. Aunque, ante las protestas y denuncias de los inquilinos, el obispado ha dado orden de suspender ahora la operación.

¿Qué pensar de todo esto? ¿Qué decir ante este espectáculo?

1. Lo primero que decimos es que ojalá no hubiera ocurrido. Pero, ya que los hechos están ahí, damos las gracias a los periodistas que han investigado y sacado a la luz este turbio asunto. Especialmente a Manuel Viejo, periodista de El País, que lo destapó y le ha seguido la pista, informándonos en 14 importantes artículos. Pero, igualmente, a Rut Ugalde, de El Confidencial, a  Sofía Pérez Mendoza, del ElDiario.es, a Aitor Santos Moya e Ignacio S. Calleja, de ABC, que también han seguido y contado la evolución del caso.

2. Nos llama, también, la atención, y mucho, que desde que saltó la noticia el Arzobispado de Madrid no haya dado ninguna explicación. O que, según sugiere un artículo de VIDA NUEVA, firmado por su director, José Beltrán, con el título Decretazo de Osoro: auditorías permanentes para limpiar todas las fundaciones, transfiera toda posible culpa a David López Royo. O que, como ese artículo anticipa e Infomadrid confirma, Don Carlos Osoro haya dicho al Papa que va a hacer una auditoria de los últimos 20 años a todas las Fundaciones y a pedir responsabilidades. Nos preguntamos ¿no será más urgente, en vez auditarlas a todas, aclarar, primero, qué ha ocurrido en torno a las tres que son objeto de polémica? Y respeto a pedir responsabilidades ¿a quién hay que demandárselas? En la Iglesia la autonomía en la toma de decisiones a esos niveles no existe para los cargos intermedios. Se requiere la autorización o el visto bueno de la Jerarquía. ¿Reconocerá Don Carlos Osoro la parte de responsabilidad que le corresponde? ¿Actuará en consecuencia?

3. Si, como parece probable, se acaban revirtiendo estas operaciones, quién va a correr con los gastos de las indemnizaciones. Y, si tal reversión ya está decidida en el caso de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ¿no sería hora ya de informar de en qué situación quedan ahora los feligreses de la Parroquia de San Jorge  y, sobre todo, los ancianos y las religiosas que viven en residencia de la Fundación? Los residentes lo llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y a las religiosas, lógicamente, también les preocupa mucho. ¿Pueden estar tranquilos? Es de justicia, y cabe esperarlo de quienes dice tener sensibilidad, darles esa información que hasta ahora se les ha ocultado. ¡Pero, cuánto cuesta en la Iglesia convertir las “grandes palabras” que utilizamos en hechos concretos!

4. En este sentido, no dejar sorprender que haya ocurrido toda esta secuencia de hechos sin que nadie dentro del propio Obispado levantara la voz para impedir que se produjera. No deja de sorprender que, envuelta en palabras que citan la Doctrina Social de la Iglesia, autoproclamados “gestores eficaces”, que estaban a la vez a ambos lados de la mesa de negociación, hayan llevado a cabo, sin que nadie en el seno de la Curia se haya puesto en guardia frente a ello, una especie de expropiación, pagada a muy bajo precio, de los bienes de estas tres fundaciones. Dice Don Carlos Osoro que este asunto le ha hecho sufrir mucho, y sin duda será cierto. Pero causa estupor comprobar que se ha permitido llevar adelante en su diócesis unas operaciones que, de no revertirse, iban a producir mucho dolor a muchas personas. Iban a causar a muy corto plazo un grave daño de tipo anímico a los afectados por la venta de la enorme finca, con sus edificios, de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ancianos y ancianas la mayoría, y, también, iban provocar, no tardando mucho, un importante quebranto económico, con lo que ello supone, a un número considerable de los inquilinos de las viviendas que han tratado de vender las otras dos fundaciones. Resulta increíble que, como ejemplo de “gestión eficaz”, se haya autorizado la realización de un negocio que, además, a largo plazo, también dañaría de forma grave a los propios beneficiarios de esas  fundaciones, y a ellas las dejaría sin razón de ser, cuando, habiéndose desprendido del bien que producía beneficios, se agote el escaso dinero que les han pagado los avispados compradores, con el apoyo de los comisionistas, que también se han llevado su parte.

5. Visto todo lo cual, surge una última reflexión en forma de pregunta  ¿no habría que expulsar del seno de nuestra Iglesia esa ideología que está en el origen de estos hechos, según la cual hay que  hacer muy eficaz la gestión de nuestros bienes para que den muchos beneficios, asesorados por “profesionales”, que, como si fuera el canto de las sirenas, nos dicen que saben cómo hacerlo?